El juez Rigoberto Sena se reserva el fallo sobre las medidas de coerción en el caso Senasa 2.0, tras una audiencia de ocho horas. Se investiga un desfalco.
Santo Domingo – El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, se reservó para las 7:00 de la noche de este domingo el fallo sobre las medidas de coerción solicitadas contra los 26 imputados en el caso Senasa 2.0, investigación en la que el Ministerio Público señala un presunto desfalco superior a RD$40 millones.
La audiencia para conocer la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso se extendió durante unas ocho horas, luego de la presentación de los argumentos del Ministerio Público y las defensas de los imputados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene que entre las maniobras investigadas figuran la falsificación de expedientes médicos, la facturación de servicios de salud que no habrían sido prestados y la vulneración de datos de la aseguradora estatal.
Durante la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que el Ministerio Público cuenta con pruebas suficientes para sustentar las medidas solicitadas.
Según explicó la acusación, fueron depositados alrededor de 706 medios de prueba, y algunos de los imputados habrían admitido ante el tribunal parte de los hechos que se les atribuyen.
El abogado Félix Portes, quien representa a la doctora Ysabel Heredia, cuestionó la inclusión de su defendida en el expediente y sostuvo que fue incorporada de manera arbitraria.
Mientras que el expresidente del Colegio de Abogados y querellante en el proceso, Urún Hernández, afirmó que en la investigación todavía faltarían personas que, según su planteamiento, habrían participado en la suscripción de contratos millonarios vinculados al supuesto desfalco.
Hernández también cuestionó que otros actores que, a su juicio, tendrían responsabilidad en el manejo de los recursos no figuren entre los imputados.
El reconocimiento de hechos por parte de algunos imputados también fue abordado durante la jornada.
Juristas consultados explicaron que los acuerdos de colaboración previstos por la legislación pueden permitir al Ministerio Público obtener información relevante para fortalecer una investigación, pero no implican automáticamente la eliminación de responsabilidad penal.
Los abogados Carlos Alcedo y Henry Soto señalaron que admitir los hechos no exime al órgano acusador de demostrar ante los tribunales las imputaciones formuladas.
Por su parte, el abogado Plutarco Jaques explicó que el reconocimiento de hechos podría ser tomado en cuenta al momento de evaluar las medidas de coerción solicitadas contra los imputados.
Desde la sociedad civil, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Feliciano Lasse, llamó a examinar con cautela este tipo de negociaciones y advirtió sobre la necesidad de que cualquier acuerdo se produzca dentro del marco legal y después de una investigación profunda.
De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, 10 de los 26 imputados habrían admitido los hechos que les atribuye el Ministerio Público, y algunos estarían colaborando con las autoridades.
El juez Rigoberto Sena deberá determinar este domingo cuáles medidas de coerción corresponden a cada uno de los imputados y si acoge la solicitud del Ministerio Público de declarar el proceso complejo.
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